El Pais
Mercedes Alaya, titular del juzgado número 6 de Sevilla, que
investiga el pago fraudulento con fondos públicos de la Junta de
Andalucía a decenas de personas de indemnizaciones por expediente de regulación de empleo,
ha vuelto a cuestionar en forma de auto la actuación del Gobierno de
José Antonio Griñán. En su último escrito, con fecha del pasado día 7 de
junio, no solo reitera que sigue sin recibir material que solicitó al
Gobierno regional, sino que sospecha sobre la veracidad de la
documentación que ya ha recibido de la Junta: “Sin dudar de que lo
remitido es lo que actualmente existe en los archivos, la apariencia de
tales actuaciones diametralmente opuesta a lo que es en realidad un
expediente administrativo nos hace pensar en una construcción o
reconstrucción apresurada de los mismos, debiendo oficiarse a la Policía
Judicial para que investigue ambos extremos que no han sido explicados
o justificados tal y como se pedía por la Junta”.
La juez utiliza en apoyo de su tesis un escrito de la fiscalía que entrecomilla: “Se
observa que dicha documentación no merece en ningún modo la citada
denominación de expediente administrativo, pues parece componerse cada
carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de
los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en
hojas, arrancadas de un bloc de espiral cuando no garabateadas en
simples post it adhesivos”.
Por todo ello, la juez Alaya ve inapropiado aún realizar un análisis pericial de la documentación, pues “a
los peritos que se designen habrá que hacerles entrega de una
documentación que se ha reclamado y aún no consta en las actuaciones
como son: todos los convenios suscritos entre la dirección general de
Trabajo y Seguridad Social y el IFA o el IDEA desde el año 2001; la
documentación que posea la Cámara de Cuentas sobre ayudas excepcionales
en materia de Trabajo y Seguridad Social realizadas por la Consejería
de Empleo para trabajadores o empresas en crisis y que fue acordado por
auto de fecha de 16 de abril; documentación contable e informes
reclamados a IDEA en virtud de lo acordado por auto de este juzgado de
fecha de 21 de marzo; e incluso la abundante documentación que en
virtud de la presente resolución va a ser reclamada”.
La juez apunta directamente a la cabeza del Gobierno andaluz: “Este
juzgado estima necesario acreditar si las ayudas sociolaborales que
pagaba la consejería de Empleo a través del IFA o IDEA en concepto de
primas de pólizas de prejubilación, mediante transferencias de
financiación, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban
de algún tipo de autorización del Consejo de Gobierno en lo que
respecta al límite del crédito correspondiente a los ejercicios futuros o
aquel en el que se aprobó el gasto”. Y solicita que la
Intervención General lo aclare. La juez anuncia que, al tiempo que
iniciará ya el interrogatorio de los acusados, creará piezas separadas
para cada imputado, en las que recogerá toda suerte de datos sobre su
patrimonio, declaración fiscal y vida laboral.
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No es nada nuevo en el PSOE andaluz, podiamos recordar el Caso Juan Guerra, el hermanísimo de Alfonso Guerra.
En Andalucía los ciudadanos saben que este es una "estafa" más del
gobierno, pero evidentemente los que se han "beneficiado" no lo
denunciaran. Ha supuesto buenos ingresos para sus cuentas y lo que se
habra perdido en el camino.
Espero que se investige y que caigan los que tenga que caer, aunque
esten en el Gobierno Central o Autonomico. Eso si el PSOE denuncia los
casos de corrupción del PP, pero parece que no quiere entrar en el
"trapo" con los que hay donde ellos gobiernan.
Esa es una claves del movimiento 15M, expulsar a los corruptos de la
politica y que sean juzgados y encarcelados... Evidentemente se les debe
desposeer de todo aquello que han "robado" y devolverlos a las arcas
del Estado...
Pero creer en esto es una utopia
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