De esta forma, el proceso judicial obligará al anterior presidente y a un reducido grupo de ex directivos a presentar un aval de unos tres millones de euros cada uno.
El pasado febrero, la sala primera del Tribunal Supremo (TS) desestimó el recurso de casación que en su día interpuso el expresidente del Barcelona Joan Laporta y siete directivos más, lo que les obliga a aportar parte del coste del aval que en 2006 decidieron no atender porque la LFP así se lo permitió. La primera junta directiva de Laporta tomó posesión del cargo el 22 de junio de 2003, lo que obligó a cerrar las cuentas de la temporada que estaba a punto de finalizar. Por esta circunstancia, el nuevo grupo de directivos infló las pérdidas para poder iniciar la temporada 2003-04 liberados de algunas cargas, especialmente de jugadores que abandonaron el club. Laporta y sus directivos siempre defendieron que aquellos días de junio, del 22 al 30, no se podían considerar como un año de mandato, contrariamente a lo que sostenían los estatutos. Debido a las pérdidas que arrojó aquel ejercicio de 2002-03, de 160 millones de euros, aunque la justicia sólo atribuye al equipo de Laporta 63.831.102 euros, finalmente el cómputo de los primeros cuatro años de mandato reflejó un déficit, en contra del superávit publicado.
La sentencia de un juez, que obligó a la junta de Laporta a convocar elecciones en el 2006, contrariamente a la idea de la junta que pretendía hacerlo al año siguiente, fue el motivo por el cual un socio interpuso una serie de demandas para obligar a que la junta barcelonista avalase el presupuesto del club, debido a que el juez había dado por buenos aquellos días de junio, del 22 al 30, como un año de mandato. La junta de Laporta logró que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) liberase a la directiva del aval a partir del tercer año, por entender que la suma de los anteriores superávits (sin considerar el cierre de la temporada 2002-03) superaba el 15 % del presupuesto de gastos que la ley obliga a las juntas a avalar. A pesar de que Laporta ganó el caso en primera instancia, un recurso ante la Audiencia dio la razón al socio demandante, Vicenç Pla, y fue el Tribunal Supremo el que acabó de desestimar el recurso de casación, con el que condenaba a Joan Laporta y a siete exdirectivos (Alfons Godall, Jaume Ferrer, Josep Cubells, Alfonso Castro, Joan Boix, Rafa Yuste y Albert Perrín) a cubrir el aval que se hubiese requerido en el 2006 y a pagar las costas del proceso
Por su parte, el FC Barcelona quedó a la espera de que Vicenç Pla solicitase la ejecución de la sentencia, ya que el club entendía que sólo el socio podía solicitarla. "El club es beneficiario de una garantía, y el club espera que el socio, Vicenç Pla, haga lo que convenga. Si al final vemos que este derecho que creemos que tenemos no lo disponemos, pensaremos qué hacer, pero no renunciaremos a esta garantía", señaló el 12 de febrero el portavoz de la junta, Toni Freixa.
Ante esta posición del club, Pla decidió esperar a que concluyese la temporada o que el Barça se proclamase campeón de Liga, hecho que ha sucedido recientemente, por lo que ha emprendido las actuaciones administrativas correspondientes para que el juez solicite los tres millones de euros por cabeza a los ex presidente del Barça y sus 7 directivos.
Lo que no entiendo es por que la Directiva, no ha sido la que exija la ejecución de los avales y haya tenido que ser de nuevo el socio Vicenç Pla el que se moje nuevamente. La verdad es que tampoco entiendo como es que solo son Laporta y siete de sus directivos los que son condenados a pagar, por que el aval corresponde a la cuentas de a temporada 2002/03 y en l actualidad hay gente de esa directiva, que estan en la directiva actual, tal vez por eso no se han atrevido desde febrero a exigir que esto se cumpliera, y han preferido nuevamente que un socio haga el trabajo que le corresponde a ellos
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