Ayer 12 medios periodisticos de Catalunya...

por primera vez olvidaron su idiologia, su estilo en la redacción y todos emitieron el mismo comunicado: Por la dignidad de Catalunya (esto es lo que se publico) Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia. La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia. No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa. Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable ------------------------------------------------------------------------------------------------ Seria muy vergonzoso para un estado que se dice "Democrático", que un Tribunal de 12 miembros, en el que tres personas tienen su cargo vencido, otro esté recusado y otro fallecido, pueda pasar por encima de lo decidido por el Parlament de Catalunya, El Congreso de los Diputados, el Senado y la ratificación en Referéndum por el pueblo de Catalunya, es algo que me parece fuera de toda lógica democrática. El nostre Estatut fue aprobado en su día por el pueblo catalan y refrendado en el parlament por el 80% de los elegidos por el pueblo soberano y libre de Catalunya. Si l'estatut no se aprobara para mi la idea de esa "España unida" seria algo suspendido como la espada de Damocles. España y Catalunya no estamos jugando mucho y estoy convencido que nosotros los catalanes no soportaremos una nueva humilalción y que siempre nuestras reinvindicaciones (y no estamos hablando ni de independencia, ni nada por estilo) sean menospreciadas, una y otra vez. Posiblemente la mayoria de los catalanes no nos interesa al detalle lo que dice esta "norma" (que aprobemos), pero no podemos permitir que nos demonicen cada vez que pedimos un poco más de lo que aportamos a la caja "general" Posiblemente como dicen somos la cuarta Comunidad Autonoma que aportamos más dinero: pero Euskadi, tiene un disitinto trato fiscal, la Comunidad de Madrid es la que recibe en su delegación todo lo que se tributa en todas los ayuntamientos de lo que ellos llaman la "periferia" o sea España y eso la verdad es engañar. Si solo tributaran lo que de verdad se recoge en su Comunidad, posiblemente estaria por debajo de Catalunya... La tercera creo que seria Illes Balears que gracias a su turismo se lo merece y creo que es de la que debían subirse al carro de las reinvindicaciones para pedir lo que es suyo. Creo que la mayoría de los que estan en contra, no se han leido el Estatuto, y se dejan guiar por los "creadores de opinión" centralistas o por esos que, cuando le convienen creen en la demcocracia, pero la olvidan cuando van en contra de sus intereses partidistas. Estoy seguro que si, aqui en Catalunya, tuviesen esa fuerza que da los escaños... no habría participado en esta burla a la democracia. Espero que la sociedad civil se despierte de una vez por todas y exija con la misma claridad y contundencia lo que pone de manifiesto este editorial, que por cierto, me devuelve en parte el respeto que habia perdido hacia el poder mediático de la prensa por su servilismo a intereses espúreos, y que con este editorial toma partido por el interés general y por la defensa de la democracia y de la justicia. Lo que puede darse si finalmente el tribunal constitucional emite un dictamen en contra del Estatut se puede definir como un atraco a la DEMOCRACIA en toda regla, un tribunal constitucional, que como también dice el editorial está bajo sospecha y gravemente mermado de autoridad de cualquier tipo.