El 15 de junio de 2013, fuentes del FC Barcelona matizadaba que el club que quería contratar a Thiago Alcántara no sólo tendría que pagar los 18 millones de euros de su cláusula de rescisión al Barça, sino que también se vería obligado a abonar 3,7 millones más a Hacienda correspondientes al 21 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La operación para el hipotético comprador ascendería a 21,7 millones. Y valía para clubs españoles y extranjeros. Sandro Rosell ya había explicado el jueves (13 de junio) que si Thiago hubiese disputado el 60 por ciento de los partidos, la cláusula habría ascendido a 90 millones (no era descendente, sino ascendente). Se había quedado cerca en una temporada que comenzó con un par de lesiones, pero no llegaba al límite por lo que se convertía en una tentación para los grandes clubs de Europa, que valoraban su calidad y proyección
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